Esta semana el tema del alcohol y la conducción han sido elevados a un alto grado emocional y quizás es justo hacer un balance reposado. Este es el nuestro:
1.- No aceptamos la idea de que sea compatible manejar y tomar licor. El asunto es definir si “tomar licor” significa un alto porcentaje de alcohol, o uno bajo, o uno inexistente del todo. Creemos que no se beneficia al país con aumentar el porcentaje, sino más bien bajándolo hasta el nivel más bajo posible. Manejar ebrio o conducir a 80 kilómetros por hora en zonas urbanas debe ser visto igual que portar explosivos en un bus o disparar al aire sobre una multitud: un desprecio por la vida humana. Ya se había logrado consenso para un 0,50. Pretender subirlo es lo que ha desatado el torbellino mediático que ha permitido a algunos lucrar con el dolor de personas destrozadas por la tragedia. Es innecesario, inconveniente e impopular subir más el nivel de alcohol de lo que ya se había logrado. Subirlo es atropellar la dignidad de quienes han perdido un ser querido por un borracho.
2.- No aceptamos la idea de que entre más alta sea una sanción (sea una pena o una multa), su efectividad aumenta. Nótese que estos días, antes de la entrada en vigencia de las multas, las filas del COSEVI eran las usuales. Al entrar en vigencia aumentaron enormemente. Al día siguiente de que se aprobó la moción (aún sin ser ley) de bajar las multas, de nuevo las filas volvieron al nivel usual, y es evidente que si pasan los días y la Policía decide cumplir con su trabajo, con las multas actuales, las filas de nuevo aumentarán. Todo esto lo causa la EXPECTATIVA de aplicación de la ley, pero eso es inicial. Con el tiempo la efectividad de una ley deviene de su aplicación que no es otra cosa que la expectativa traducida en realidad. La falta de ejercicio del poder es lo que alimenta la idea populista de que el Derecho debe ser severo, y eso es culpa de quienes tienen el poder y el deber de aplicar una ley y no lo hacen, cosa que sucede a diario con tanta frecuencia que ya nos acostumbramos.
3.- No aceptamos la idea de que las multas sean la mejor forma de cambiar sostenidamente conductas. Las conductas de las personas cambian por una gran cantidad de razones: hechos personales, miedo, deseo de cambio, revelaciones espirituales, aprendizaje, y un largo largo etc., que explicaría toda la historia de la Humanidad. El asunto en discusión es distinto: no puede ser posible que quien infrinja una ley pueda montarse en un sistema financiero en donde, por ejemplo, valore irrespetar la restricción si el negocio al que va le reditúa más que la multa. Ese juego financiero no se elimina con multas altas sino con consecuencias no económicas. El sistema de puntos (que puede ser mejorado en su proporcionalidad) elimina la posibilidad de que cumplir las normas sea el resultado de un juego financiero Con un buen sistema de puntos incluso las multas podrían ser mucho más bajas. . Nos hemos acostumbrado a vivir en un sistema legal en donde cumplir leyes tributarias, de trabajo, de seguridad social, de pago cánones por uso de bienes públicos, etc., es el resultado de un cálculo financiero y esa es una de las muchas causas de nuestros males como sociedad. Subir ilimitadamente multas solamente institucionaliza la desigualdad, pues hace el juego financiero posible para unos y para otros no.
4.- No aceptamos la idea de que una autoridad pueda decidir si aplica o no la ley. La conducta de los oficiales de tránsito es vergonzosa y es muestra de que aún el Derecho no manda en nuestro pretendido Estado de Derecho. Por eso es que nuestras autoridades, desde el oficial de tránsito hasta los diputados hacen realidad el triste dicho de que el que tiene más galillo traga más pinol y bailan al son que les toque (les aseguro que no hay tráfico alguno que tenga el valor de sancionar ciclistas - por su propio bien - en la Florencio del Castillo, estando prohibido circular ahí, lo cual no modificaría en nada legalmente la tragedia sucedida). Por eso hay tráficos que evaden aplicar la ley, Jefes de Delegaciones que dicen que se trata de no ser tan severos, y la permanente y constante impunidad que reina en la gestión del Poder Judicial. Someter los funcionarios al Derecho no es una meta lograda y no se debe abandonar en ella, o fracasaremos como país en manos del populismo.
5.- No aceptamos la idea de que exista un derecho a la mediocridad. Sostener que dado que el Estado no ha cumplido sus deberes en materia vial eso le impide exigir un comportamiento adecuado en las calles es pretender convertir los errores, la incapacidad y la mediocridad que ha exhibido una inmensa cantidad de inútiles que han detentado el poder, en un orgullo nacional. Una conducta que debería ser motivo de oprobio, rechazo y sanción no puede ser elevada al rango de derecho para todos y la deuda que tiene el Estado debe ser saldada cuanto antes.
6.-No aceptamos la idea de un Derecho Penal basado en el Imputado. Debe basarse en hacer Justicia y eso abarca los derechos de las víctimas. El Poder Judicial debe darle explicaciones a la ciudadanía por las altísimas tasas de casos no resueltos, expedientes que nunca llegan a sentencia y prescripciones aceleradas creadas para liberar de carga a los fiscales. Si el Poder Judicial ejerciera su función cabalmente, pedirían garantismo en las calles, y disertarían sobre la importancia de la severidad en las aulas, y no a la inversa como sucede hoy. La autoridad viviría atemorizada por el hampa que se las tiene jurada, y la ciudadanía gozaría de una vida confortable, y no a la inversa como sucede hoy.
En resumen:
- La ley debe ser reformada en cuanto a multas y en cuanto al sistema de puntos
- Las multas deben ser acordes con el nivel económico de la mayoría de la población
- El sistema de puntos debe mantenerse aún si se suaviza un poco, que a la larga esto en nada lo perjudicaría
- El Ministro de Transportes debe tomar las riendas de su poder y someter sus subalternos al Derecho, o someterse él a las leyes por no hacerlo
- La Corte Suprema de Justicia debe recordar que el valor máximo que debe guiarla debe ser permitir a los Ciudadanos acudir a las leyes para obtener justicia pronta y cumplida. Cualquier otra cosa es una estafa del derecho que nos cuesta un alto porcentaje del Presupuesto Público cada año, manteniendo además autoridades que se reeligen de forma casi automática sin importar el resultado de su gestión.
